En el año 2013 se constituyó el Fondo Social de Viviendas (FSV) por parte de varios organismos públicos, la Plataforma del Tercer Sector, alguna que otra patronal bancaria y numerosas entidades de crédito. Dicho proyecto radica en que cada entidad de crédito constituya su propio fondo con un número inicial de viviendas (que en principio quedó fijado en 5.891), con posibilidad de ampliación en el futuro.

Se trata de que sean las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después del 1 de enero de 2008 por el impago de un préstamo hipotecario las que puedan tener acceso a este tipo de viviendas. Los referidos inmuebles podrán alquilarlos hasta dos años, con rentas que oscilarán entre los 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

¿Dónde está el gran problema de este Fondo? En los requisitos. A menudo, las ganancias son limitadas, ya que los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no deben superar el límite del triple del IPREM. No obstante, hay otros con más sentido, como que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad. Sin embargo, el problema sigue estando en la situación de especial vulnerabilidad.
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