El término jurídico desahucio se utiliza cuando se procede a privar al inquilino de la posesión mediante resolución judicial, debido al incumplimiento del contrato de arrendamiento (habitualmente por falta de pago de la renta). Se va a producir entonces el desalojo de los arrendatarios, es decir, el lanzamiento.

En España, la situación sobre esta materia se ha vuelto especialmente crítica desde la llegada de la crisis económica en 2008, y la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2009, cuando se introdujo el Desahucio Express.

En 2013, una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supuso un punto de inflexión en la situación normativa del sistema hipotecario español, puesto que recriminó la falta de compatibilidad de nuestro sistema con la normativa europea de protección de consumidores y usuarios.

A raíz de esto, entró en vigor la Ley 1/2013, de 14 de Mayo, que ha incluido medidas de carácter temporal de gran calado social, como la suspensión del lanzamiento durante dos años y otras medidas para forzar la negociación con las entidades bancarias, antes de tener que llegar al desahucio.

A pesar de ello, las innumerables críticas demuestran la incertidumbre generalizada. Sin embargo,
sigue siendo el único intento de mejorar la situación.


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