En los últimos años, el drama de los desahucios ha entrado de lleno en la agenda pública, ganando importante relevancia social, en gran parte gracias a la concienciación de los ciudadanos que han hecho de ésta problemática y de la dación en pago los estandartes de su acción.

La situación económica actual por un lado, así como el aumento del desempleo y las restricciones de crédito por el otro, han puesto de manifiesto las deficiencias del modelo de vivienda en España. Ante esto, ¿cuál debe ser la respuesta? Algunas voces abogan por una política de vivienda integral, que incluya soluciones para aquellas situaciones de ejecuciones hipotecarias, y liquidación de activos en casos coyunturales; y un sistema de acceso a la vivienda para las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Para los casos más graves puede que sea necesario apostar por un sistema de segunda oportunidad, frente a la propuesta de la dación en pago universal, de manera que pueda evaluarse la situación integral del deudor y no sólo la vivienda, estableciendo reestructuraciones de deudas o planes de pago en función de su concreta situación personal, su total de activos y sus ingresos, evitando así incentivos perversos de la dación en pago.

Por último, si llevamos a cabo un análisis crítico de las reformas legislativas acometidas nos encontramos con una sucesión de medidas demasiado cautelosas y de limitado alcance, lo que contrasta con la benevolencia y decisión con la que se protegió a entidades financieras con problemas. Este desequilibrio, además de las implicaciones de equidad, solidaridad y reputación evidentes, puede haber influido negativamente en el propio objetivo de estabilidad financiera.



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